El Gobierno nacional publicó el nuevo decreto de emergencia económica para atender la situación de desastre y damnificados por la ola invernal en Córdoba y el resto del país.

El nuevo documento incluye un impuesto al patrimonio para las personas jurídicas. Un 0,5% para las empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT, $10.474 millones aproximadamente, y 1,6% para los sectores financiero y minero-energético.

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El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que este impuesto será temporal y que, de acuerdo con las proyecciones, el 56% del recaudo provendría de estas dos actividades por su alta capacidad contributiva, dijo.

“Este instrumento busca asegurar recursos en el corto plazo, permitiendo financiar la atención humanitaria, la rehabilitación de infraestructura y la reactivación productiva en las zonas afectadas, sin comprometer la sostenibilidad fiscal de mediano plazo”, mencionó el MinHacienda a través de un comunicado.

La cartera ministerial entregó un reporte de la situación climática. Indicó que se han registrado 65 emergencias, de las cuales 53 se dieron por inundaciones en 61 municipios de ocho departamentos, con más de 69.000 familias afectadas y 10 fallecidos.

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Asimismo, hay daños en infraestructura crítica como viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud, así como la afectación de cerca de 20.000 hectáreas productivas y la destrucción de más de 4.100 viviendas.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el costo estimado para la atención y recuperación asciende a $8 billones.

“Esto plantea un desafío significativo para las finanzas públicas y exige la movilización urgente de nuevas fuentes de recursos”, anotó.

Alivios financieros

El Gobierno manifestó que el sector financiero entregó un paquete de alivios para a las comunidades afectadas, que incluye “un período de gracia de 12 meses sin causación de intereses, la conservación de la calificación crediticia, la suspensión de cobros, incluso en cartera en mora, así como atención prioritaria y programas de educación financiera”.

Por otra parte, destacó la necesidad de avanzar en acciones complementarias. Entre ellas, la reducción de las tasas de interés para créditos dirigidos a la economía popular, especialmente para pequeños productores que enfrentan limitaciones de acceso.

Asimismo, se planteó fortalecer el crédito asociativo y articular la financiación rural con la estrategia de reforma agraria, con el fin de asegurar que la entrega de tierras esté acompañada de acceso efectivo a capital productivo.